Somos una plataforma abierta que trabaja en defensa de la escuela pública, contra la privatización de la red de centros públicos dedicados a la educación. Apoyamos la huelga general convocada el día 29 de septiembre y queremos expresar nuestro rechazo a la reforma laboral y a las restantes políticas antisociales aprobadas por el gobierno. Nos dirigimos particularmente a la comunidad educativa para explicar las razones de nuestro rechazo:
Afectan directamente (recortando ingresos, capacidad adquisitiva y derechos laborales) a sectores sociales que no se beneficiaron en nada de ninguna de las burbujas especulativas (actividades inmobiliarias y financieras) que alimentaron el notable crecimiento económico de la última década. Van a deteriorar bienes públicos (educación y salud) que son esenciales para el bienestar de la mayoría de la población y que permiten compensar las desigualdades y menores oportunidades que tienen los sectores con menores niveles de renta y, más aún, los que corren riesgo de exclusión social. Por el contrario no afectan en nada a los sectores sociales con mayores rentas y patrimonios, ni a las grandes empresas que consiguieron enormes beneficios durante los años de vacas gordas.
2. Estas políticas antisociales van a ser ineficaces.
Reducir el gasto público y debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores no implican un mayor desarrollo económico ni una rebaja similar del déficit público. Es imposible una reducción del déficit público tan intensa como la que exigen los mercados de deuda pública y las instituciones de
La reforma laboral no va a ayudar a crear empleo estable. La destrucción acelerada de empleo durante la crisis prueba que no es cierto que el mercado laboral sea rígido. Los datos de contratación de agosto, con la reforma ya en vigor, indican que la contratación temporal sigue siendo la pauta dominante.
3. Las políticas antisociales conducirán a nuevos ajustes y recortes del gasto público
Si se quiere la reducción del déficit y la estabilización de las cuentas públicas, deberían ser las empresas que siguen obteniendo grandes beneficios y las personas físicas que poseen los grandes patrimonios y obtienen las mayores rentas las que hagan mayores contribuciones a las arcas públicas. Hay que exigir que paguen más los que más tienen (rentas y patrimonios) y los que más defraudan.
Previsibles efectos de estas políticas sobre el sistema educativo y
La reducción de las rentas de las personas trabajadoras en la enseñanza es sólo uno de los efectos de estas políticas de ajuste. A los recortes dictados por el gobierno central se han sumado los decretados por el gobierno de Esperanza Aguirre (sobre licencias de estudios, derechos de interinos, aumento del número de horas lectivas impartidos,….) que han ido más allá de esperado. Estos recortes serían bastante para rechazar las medidas de recorte del gasto público, pero hay que observar en gran angular todos los efectos negativos que previsiblemente van a ocasionar estas políticas sobre la escuela pública.
Ya hemos padecido el último curso el aumento generalizado del alumnado por aula en todos los niveles educativos. Eso se ha traducido en una mayor dificultad para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje y para atender los problemas que presentan los diferentes grupos de alumnado del mismo curso y aula.
En el curso que se inicia las cosas serán aún peor, van a escolarizarse unos 13.000 nuevos alumnos en el sistema público educativo no universitario (escuelas infantiles, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional…..) que serán atendidos por un número cada vez menor de profesores. Como muestra, la asociación de Directores de Instituto de Madrid, calcula que se suprimirán 1.500 plazas de interinos en la comunidad en este curso. Una media de 4 plazas por centro.
Es bien visible en este contexto la disminución del profesorado de apoyo, los desdobles y la atención que necesita recibir el alumnado que requiere una atención educativa especial y que se concentra en la escuela pública, ya que la administración educativa incumple la normativa legal y permite que las escuelas concertadas pongan obstáculos y se resistan a la escolarización del alumnado que requiere mayores esfuerzos y recursos. Los gastos de mantenimiento, las inversiones y los presupuestos de los departamentos también van a sufrir nuevos tijeretazos. Al igual que las becas y ayudas que recibe el alumnado. Los retrasos en la construcción ya aprobada de nuevos centros y en las obras para terminar los equipamientos ya iniciados van a ser la lógica consecuencia del ajuste.
Se ha suprimido el 24% de la rutas de transporte escolar necesarias para acceder a los centros peor comunicados y para el alumnado de menor edad o que vive más lejos; reducción de grupos y acumulación del alumnado sobrante en los grupos que se mantienen; supresión de ciclos de formación profesional…
La falta de recursos humanos y materiales afecta y deteriora a un sistema educativo que ya padece uno de los menores niveles de gasto público educativo entre los países capitalistas enriquecidos y, como consecuencia, unas mayores tasas de fracaso escolar y abandono temprano de las aulas.
La decisión de reducir la inversión y el gasto educativo va a suponer peores condiciones de trabajo para profesorado y alumnado y peores resultados. Los primeros perjudicados con tal decisión son el profesorado y el alumnado de la escuela pública, pero serán el conjunto del sistema educativo y la sociedad española los que finalmente deberán pagar esa decisión. El deterioro del sistema educativo implica menores oportunidades para las hijas y los hijos de la población de menor renta; también supondrá un aumento de las disparidades sociales y una mengua de la cohesión social. Sin personas mejor formadas, hay menos posibilidades de cambiar el modelo productivo y generar empleos de mayor cualificación, más estables y mejor remunerados. Y sobre todo de conformar personas libres y autónomas.
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